El Parlamento de Madagascar ha aprobado una ley que permite la castración química, y en algunos casos quirúrgica, de las personas declaradas culpables de la violación de un menor.
Madagascar ha aprobado una polémica ley que permite la castración química y, en algunos casos, la castración quirúrgica de las personas consideradas culpables de violación de menores. Esta nueva ley ha generado críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional.
La ley, propuesta por el gobierno del actual presidente, Andry Rajoelina, ya ha superado todos los trámites parlamentarios y espera ser ratificada por el Alto Tribunal Constitucional.
Según el Departamento de Justicia, la ministra Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa considera que esta es una "medida necesaria" ante el aumento de los casos de violación infantil.
En el año 2023 se registraron 600 casos de violación de menores en Madagascar, con una población de unos 30 millones de personas. Desde principios de 2024, ya se han registrado 133 casos. Sin embargo, se cree que esta cifra podría ser más alta debido a la falta de denuncias, el tabú y los casos de incesto. En este sentido, Randriamanantenasoa ha manifestado la voluntad de "proteger aún más a los niños, ya que cuanto más jóvenes son, mayor es el castigo".
En comparación con España, con una población de unos 48 millones de personas, en 2022 se registraron 762 delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, según el Consejo General del Poder Judicial.
Amnistía Internacional ha criticado esta nueva ley, considerándola un "trato cruel, inhumano y degradante" que es incompatible con las leyes constitucionales del país. La organización defiende que las leyes deberían centrarse en la protección de las víctimas, en lugar de tomar medidas punitivas y de castigo.
Amnistia internacional se opone
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África oriental y meridional, denuncia que en Madagascar los casos de violación no se denuncian y los autores a menudo quedan en libertad debido al temor de las víctimas y sus familias a represalias, estigmatización y falta de confianza en el sistema judicial.
Amnistía lamenta que esta falta de confianza en el sistema judicial y penal sea fruto de la opacidad y la corrupción, y que las víctimas de violación a menudo sufran represalias. La organización destaca que esta nueva ley no ayudará a mejorar estos factores e insta a las autoridades a ajustar las enmiendas a los estándares de derechos humanos, priorizando el bienestar, los derechos y las necesidades de los supervivientes.