El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara(i) y el de Iberdrola, Ignacio Galán
La devolución ordenada por la Justicia de las 525 hectáreas (más la mitad de la superficie de construcción total) a su legítimo propietario sobre la que se levantó la construcción de la macroplanta solar de Iberdrola en Usagre (Badajoz) - la mayor de Europa- no es el único problema que se le acumula a esta compañía en un proyecto plenamente activo desde abril de 2020 después de una inversión de 290 millones de euros.
Las presuntas irregularidades sobre la tramitación de su construcción, realizada según presumió Iberdrola en un 'tiempo récord' de un año a pesar de su enorme tamaño (ocupa 1.000 hectáreas), se encuentra bajo la investigación judicial del Juzgado de Llerena (Badajoz). De hecho, la Audiencia Provincial decretó la apertura el pasado 26 de abril de juicio oral contra el ex alcalde de Usagre (PP), Antonio Luna , su teniente de alcalde, María Dolores Esteban y contra el empresario Andreas Hilkermann. ¿La razón? Entre otras muchas, que el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras, en suelo catalogado como rústico, sin que la promotora tuviera toda la documentación administrativa en regla. Prevaricación y falsedad documental son algunos de los delitos que se investigan.
Cuando comenzó la toma de declaraciones en el juzgado, gracias precisamente a la demanda del dueño de los terrenos al que forzaron la expropiación, Santos Lázaro Arias (72 años). Lo hizo a través de su empresa, 'Natura Manager', de la que es administrador único. Entonces, se descubrió en el desarrollo de la investigación que la promotora de la construcción de la planta no tenía la licencia de actividad para comenzar las obras. Lo aseguró ante el juez la arquitecta municipal. Había pasado un año desde que la planta estaba en funcionamiento a pleno rendimiento, con capacidad para producir hasta 500 megawatios hora de para abastecer a 250.000 hogares.
Sólo a raíz de esa declaración, el alcalde en funciones, Francisco Javier Lázaro (PSOE) -partido que gobierna en esta legislatura- firmó un Decreto de Alcaldía por el que ordenaba la paralización de la actividad "al carecer de licencia de actividad". Era el 9 de agosto de 2021. Habían pasado 16 meses desde la inauguración de la planta. La orden municipal atendía así a un informe de la Secretaria Municipal del 7 de julio, donde advertía de numerosas irregularidades, como la falta de documentación y autorizaciones legales para poner en marcha la planta en suelo rústico que necesitaba la licencia urbanística. Iberdrola presentó contra dicho decreto municipal un recurso de reposición que, al menos que se sepa, no ha tenido aún contestación municipal. Mientras tanto, la fotovoltaica sigue su actividad diaria.
Dicho informe técnico contra la falta de documentación no era nuevo. La secretaria-interventora del Ayuntamiento había redactado otro el 31 de julio de 2018, es decir, antes del comienzo de las obras en la que se ponía de manifiesto que la planta solar fotovoltaica no contaba con todas las licencias respectivas cuando se concedió la licencia urbanística.
Los primeros trámites administrativos para el desarrollo de la planta los había iniciado la mercantil extremeña 'Ecoenergías del Guadiana, S.A', a través de su sociedad vehicular 'Proyecto Núñez de Balboa', que fue la firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Usagre en agosto de 2013. Esta empresa fue embrionaria del proyecto de construcción y luego socia de Iberdrola para el desarrollo de la puesta en marcha de la planta y de la línea eléctrica para su AAT 400Kv indispensable para su funcionamiento. La multinacional compró formalmente a la mercantil extremeña en 2018.
En 2017, Andreas Hilkermann, en calidad de administrador solidario de la citada mercantil, registró la solicitud de licencia de obra mayor en suelo rústico para la ejecución de las obra, aunque faltaran cuatro requisitos esenciales, según la advertencia de la interventora: el de autorización de ocupación del dominio público hidráulico expedida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana; el de ocupación de vías pecuarias por cruzamiento por la línea de evacuación (competencia de la Dirección General de Desarrollo Rural); el de autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución de la planta generadora y sus infraestructuras de evacuación; y el de modificación de la autorización administrativa con motivo de la implementación de una infraestructura común para la evacuación conjunta en la subestación de Bienvenida.
Sin embargo, pese a no contar con la documentación en regla para la concesión de la licencia urbanística, el entonces alcalde de Usagre, Antonio Luna (PP) aprobó la concesión el 22 de junio de 2018, aunque ante las reiteradas advertencias decretó una suspensión temporal pero no la revocó. De hecho, el propio alcalde dictó un nuevo decreto el 5 de octubre de 2018 delegando la firma de la concesión en su compañera del equipo de gobierno, su prima, al aducir "interés particular en el levantamiento de la suspensión de los efectos de la licencia urbanística". La teniente de alcalde, María Dolores Esteban, la terminaría autorizando. Por ello, están imputados al no hacer caso a las recomendaciones y advertencias de la secretaria municipal. ¿Y qué interés particular había? Al parecer, el entonces alcalde, como muchos propietarios de la zona, también estaba afectado por la línea de evacuación que necesita la planta para su funcionamiento, así que también sus derechos fueron expropiados por la cantidad de 22.000 euros, según reconoció ante el juez.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado el recurso de las imputaciones de las defensas del ex alcalde y la teniente de alcalde, por lo que siguen acusados de prevaricación y falsedad documental.
En el proceso también sigue imputado el empresario Andreas Hilkermann por un delito de falsedad documental debido a que con su firma -no así la de sus socios- aseguró en sus escritos presentados en el Ayuntamiento que contaba con toda las autorizaciones en regla para obtener la licencia de obras.
En un principio, también fue investigado su socio en la empresa y cuñado, José Luis Joló, además de Nicolás Antón, que es el responsable de Desarrollo de Proyectos Renovables España en Iberdrola. Ambas causas han sido sobreseídas por falta de pruebas. El auto de la Audiencia Provincial asegura que únicamente cuando la abogada de 'Natura Manager', Dorinda Aventín, se percató de ciertas irregularidades y las comunicó al Ayuntamiento "el Consistorio ejerció esa facultad de control y requirió a 'Proyecto Núñez de Balboa' para que justificara que se cumplía con las autorizaciones e informes correspondientes". Entonces, el Ayuntamiento ya había pasado del PP al PSOE, pero a ambos les ha unido estos años la misma línea de actuación: "La inactividad y el dejar pasar los plazos y no exigir la documentación necesaria a Iberdrola".